El Gobierno de Santa Fe confirmó la detección de un presunto plan para atentar contra el gobernador Maximiliano Pullaro, a partir de una serie de operativos realizados en Rosario, Ibarlucea y la localidad de Roldán. En los procedimientos se secuestró armamento de alto calibre que, según fuentes oficiales, formaría parte de la logística de la banda conocida como “Los Menores”.

El ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, explicó que el tipo de armamento hallado excede el utilizado en delitos comunes. “No son armas para un robo menor, sino que estaban preparadas para un golpe de mayor magnitud”, afirmó en declaraciones radiales.

Durante los allanamientos, realizados en una vivienda de Ibarlucea y en un domicilio del barrio 7 de Septiembre, en la zona noroeste rosarina, se incautaron dos fusiles de uso militar, seis pistolas semiautomáticas, armas de caza, cientos de municiones, dinero en efectivo y vehículos. Parte del arsenal se encontraba oculto bajo tierra.

Según detalló el funcionario, la investigación se desarrolló durante varios meses y se nutrió de información de inteligencia proveniente de al menos tres fuentes independientes. El hallazgo del armamento permitió reforzar la hipótesis de que el plan existía y estaba en ejecución.

Cococcioni vinculó las amenazas con el endurecimiento de las condiciones de detención para presos de alto perfil en cárceles provinciales y federales, así como con el avance en la construcción de la nueva unidad penitenciaria conocida como “El Infierno”. En ese marco, indicó que algunos reclusos mantienen un régimen de aislamiento estricto desde hace casi dos años.

En relación con la investigación, se mencionó como presunto organizador a Lisandro “Limón” Contreras, detenido en la unidad penitenciaria de Piñero, quien se encuentra bajo controles permanentes, sin audiencias presenciales.

Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Seguridad recomendó reforzar los niveles de custodia del gobernador y limitar su exposición pública. Entre las medidas sugeridas se incluyen mayores controles en accesos a edificios oficiales y revisiones en los desplazamientos personales y familiares del mandatario.